Capítulo 4: La expropiación del agua en las comarcas del sur

SERIE: LA CUESTIÓN DEL AGUA EN LA GOMERA

Si en los capítulos anteriores (2 y 3) tratamos la cuestión de la corporativización del agua que se hizo a través de las comunidades de regantes en los municipios del norte y Valle Gran Rey, en éste nos centraremos en exponer lo que sucedió en las cuencas del sur, que no fue otra cosa que un evidente proceso de expropiación y “privatización” del agua comunal [2].

Concentración de la propiedad y convenios por el agua en la comarca de Playa de Santiago

El proceso en el barranco de Santiago

En el primer decenio del siglo XX arribaron a esta zona del Sur de la isla un grupo de agentes foráneos compuesto por destacados miembros del capital comprador canario y varios noruegos entre los que se encontraban Álvaro Rodríguez López y Thomas Olsen. A su llegada fundaron la Sociedad Lomada de Tecina y comenzaron a comprar grandes extensiones de tierras en la lomada de Tecina en 1909. 

Paralelamente buscaron la forma de disponer de abundante agua para poner en marcha las nuevas fincas, momento en el que el sistema de riego tradicional empezó a sufrir las acometidas de estos agentes, pues sus intereses chocaban con el sistema de riego tradicional imperante en la comarca. La estrategia suponía la desviación del agua de los cauces de los barrancos afectados hacia la lomada de Tecina, un hecho inaudito en la historia de la isla. Hasta esos momentos, las aguas siempre abastecieron las fincas y huertos pertenecientes a la dula y localizados a lo largo de todo el cauce. Las parcelas existentes fuera de esas seculares delimitaciones siempre habían estado exentas de riego.

Este nuevo escenario dio paso a continuos desencuentros entre la empresa y los campesinos y grandes propietarios del lugar, de modo que idearon una solución para mantener la paz social, a saber: la formulación de convenios con algunos regantes de la zona para disponer de más agua. Pero, a pesar de eso, las disputas se mantuvieron. Es por ello que, en julio de 1919, como continuadora de la Sociedad Lomada de Tecina, la sociedad agrícola The Norwegian Canary Agriculture Company Limited fue directa a resolver los problemas que sus antecesores tuvieron con el agua. En primer lugar, adquirieron la finca de Benchijigua (lugar en el que nacían las aguas que discurrían por el barranco del mismo nombre y su prolongación de Santiago) y, acto seguido, comenzaron a ejecutar la infraestructura necesaria para canalizar el agua desde ese punto (situado en las medianías) hasta las fincas de la costa emplazadas en la lomada de Tecina. Las primeras medidas que tomaron fueron la construcción de unos tomaderos y el acueducto de más de 5 kilómetros que va desde Benchijigua a la lomada de Tecina. A estas obras se opusieron los vecinos, propietarios y usuarios del barranco de Santiago. Sin embargo, la empresa fue estableciendo nuevos convenios con ellos, con los que acordaba respetar el régimen tradicional a cambio de que éstos dieran su conformidad a las iniciativas que proponía la empresa.

Pero la dinámica fue por otros derroteros. La cantidad de agua que necesitaba la sociedad para garantizar el funcionamiento de sus fincas en la costa implicaba, forzosamente, una alteración del sistema secular de aprovechamiento en toda la cuenca. Más aún, cuando el negocio agroexportador repuntaba nuevamente en Canarias. Por tanto, prosiguieron solicitando y obteniendo del Estado nuevas autorizaciones para derivar el agua a la costa. En este sentido, el Estado actuó siempre como un mero mecanismo de transferencia de los intereses de la empresa. En las cuestiones relacionadas con el agua se decantaron claramente a favor de las iniciativas de la compañía.

El año 1923 fue el momento crucial de toda su estrategia, al conseguir una autorización a perpetuidad del aprovechamiento de 100 l/s de las aguas continuas y discontinuas que nacían en la finca de Benchijigua, a la que acompañó otra autorización para ampliar las obras que poseía en el punto denominado “Las Malezas”, y aprovechar otros 67 l/s. para el riego de terrenos de su propiedad. Con este hecho, todo quedaba dispuesto, a la vez que el sistema de riego tradicional expiraba irremediablemente.

Nuevamente, los vecinos de la zona se opusieron a la concesión, pero de poco sirvieron las quejas de los afectados, dado que, continuamente volverían a padecer la avidez de la empresa por el agua. La dimensión del problema fue tal, que traspasó los confines de la comarca de Playa de Santiago. En enero de 1929 la ahora “Comunidad de Bienes Tecina” presentó una solicitud para abrir varias galerías en su latifundio de Benchijigua. La gran propiedad de Hermigua pugnó en el asunto. El Sindicato de Regantes del Valle de Abajo de Hermigua puso el grito en el cielo por considerar que esos alumbramientos captarían las aguas que nutrían buena parte de los caudales que ellos utilizaban. A esa queja se unió la de los desvalidos campesinos del barranco de Santiago. Se sucedían los años y esta empresa no había cesado en requerir más agua.

Un informe de la Jefatura de Minas daba la razón a la empresa, desestimando las alegaciones presentadas contra la apertura de la galería. A comienzos de enero de 1932 se aprobó la autorización, lo que caldeó más los ánimos.

El Ayuntamiento de Hermigua, como representante político de los intereses de la gran propiedad local, emitió el 5 de febrero de 1932 un escrito al Ministerio de Fomento. Los regantes del Valle de Abajo pretendían buscar mecanismos burocráticos para frenar el proyecto, aspiración que no consiguieron. La empresa recibió la conformidad para la apertura de las galerías, pero, finalmente, no desarrolló el proyecto.

El vergonzoso triunfo de la compañía se podría considerar como un punto de inflexión en la jerarquía económica de la isla. El poder de esos agentes foráneos instalados en aquella comarca sureña tomaba cuerpo. El rancio caciquismo que abanderaba los municipios del norte iría perdiendo fuerza gradualmente en la competencia con las nuevas áreas de regadío del Sur. Se materializaba un cambio que adquiriría mayor incidencia en las décadas venideras.

El proceso en el barranco de Imada-Guarimiar

Durante los años de la Segunda República parece que la situación en torno al agua en la comarca no sufrió cambios, a tenor de los datos que manejamos. Pero con el estallido de la Guerra Civil, el socio Álvaro Rodríguez López pasó a tomar la iniciativa, mientras que el grupo noruego, debido al encadenamiento bélico, paralizó sus negocios en la isla hasta después de la Segunda Guerra Mundial. De esta manera, el agente canario inició su andadura empresarial de forma autónoma en 1938, adquiriendo grandes extensiones de tierras en las áridas lomadas de Alajeró. A partir de entonces, las disputas por el agua también se extendieron a la cuenca de Imada-Guarimiar.

La expansión hacia estas nuevas áreas coincidía con los prolegómenos de la política agraria que el Estado iniciaba en 1939; primero, con la creación en octubre del Instituto Nacional de Colonización (INC) y, posteriormente, con la ley de Bases de 26 de diciembre para la Colonización de Grandes Zonas. Esta última normativa facilitaba a la iniciativa privada la creación de nuevos regadíos, oportunidad que tomó Álvaro Rodríguez López para extender el tomate en las nuevas tierras que había adquirido, y a las que abasteció con el agua sustraída de los barrancos de Imada (cabecera occidental del barranco de Santiago) y Guarimiar.

Comenzaron, entonces, las adversidades para los usuarios tradicionales del agua en esta cuenca al modo de lo ocurrido en la de Benchijigua. Los campesinos del lugar fueron progresivamente despojados de gran parte de sus aprovechamientos consuetudinarios a favor del empresario tinerfeño, quien acaparó el grueso de las concesiones de aguas otorgadas para el riego de esta zona entre 1939 y 1960.

En abril de 1939 el ingeniero José Rodrigo Vallabriga redactó el proyecto para aprovechar 100 L/s de las aguas que discurrían por el barranco de Imada con destino al riego de los terrenos comprados por Álvaro Rodríguez López en las lomadas de Alajeró (que carecían casi por completo, de cualquier regadío). El objetivo era conseguir la concesión y construir un tomadero (debajo de los nacientes de Los Ancones) para recoger las aguas y canalizarlas por un acueducto de más de 4 km de longitud. 

La cuestión es que en ese barranco existía un adulamiento y los lugareños se opusieron. Pero con el apoyo de una legislación de esencia terrateniente, la concesión les fue aprobada el 16 de noviembre de 1939 y se otorgó a perpetuidad. Este fue el momento en el que se dislocó por completo la dinámica de aprovechamiento y gestión del agua en la zona. Ahora sería dentro del marco “legal” el escenario donde dirimir las diferentes inquietudes relacionadas con el agua. El gran propietario jugaba con ventaja. El marco legal era válido para sustraer el agua a los campesinos. De este modo, en 1944 Rodríguez López obtuvo otra concesión más, en este caso, el aprovechamiento de 400 l/s de las sobrantes discontinuas del barranco de Guarimiar. Los campesinos de la zona se opusieron, pero ¿qué podía significar los recelos de unos pocos minifundistas ante la empresa agraria que estaba poniendo en marcha Álvaro Rodríguez López en este inhóspito espacio del Sur de La Gomera? Se consumaba la expropiación del agua en esta cuenca, al tiempo que se cerraba el círculo en la comarca de Playa de Santiago.

Con el paso del tiempo, la oposición de los regantes de las dos cuencas de la comarca (Benchijigua-Santiago e Imada-Guarimiar) fue menguando, hasta que terminaron por resignarse, pues, además de perder todas las reclamaciones realizadas a los distintos organismos estatales (Gobierno Civil de la provincia, Ministerio de Fomento y Ministerio de Obras Públicas), la mayoría pasó a trabajar como mano de obra barata en las fincas de ambas empresas; una situación que implicaba evitar enfrentamientos si se quería mantener el puesto de trabajo. Fue el incómodo destino que les deparó el interés de esos grandes propietarios que hicieron fortuna en La Gomera. 

En medio siglo culminaron el proceso de apropiación del agua en la comarca de Playa de Santiago, quedando finalmente monopolizado por la empresa Fred Olsen S. A., una vez que adquirió todas las propiedades y concesiones de la extinguida Álvaro Rodríguez López S.A. El ingente volumen de agua que consiguieron a perpetuidad, a raíz de las actividades agrarias, lo pudieron disfrutar posteriormente en sus negocios turísticos. Lo que antes se dedicaba al riego de los plátanos, tomates y otras hortalizas y frutas, ahora lo emplearían en el riego de los jardines y el campo de golf, en el llenado de las piscinas y para el consumo de los turistas.

La expropiación del agua del barranco de Erque

En la cabecera del barranco de Erque se localiza el segundo naciente más caudaloso de La Gomera con 9,3 L/s, siendo superado por el de Guadá, en Valle Gran Rey, que evacúa 33 L/s. Luego le siguen en importancia dos manantiales localizados en Erquito, los cuales vierten sus aguas barranqueras abajo hasta su confluencia con las que vienen de Erque, en la zona conocida por Erque Abajo, para continuar el recorrido por el cauce principal del barranco de Erque hasta desembocar en La Rajita.

El agua de estos nacientes y fuentes se había empleado secularmente para el riego de las pequeñas parcelas que se repartían por sus inmediaciones. Luego era canalizada por medio de numerosas atarjeas hacia los bancales de cultivo. Después del riego en los valles de Erque y Erquito, las aguas continuaban barranco abajo, para ser aprovechadas nuevamente por los propietarios con fincas en la zona conocida como “El Huerto”. A partir de ahí discurría por el cauce hasta llegar a la desembocadura, donde se extraía por pozos.

El agua también se destinaba a fines energéticos, para el funcionamiento de los molinos. El espacio circunscrito a la cabecera y tramo inicial del barranco de Erque era el que aprovechaba entonces la mayor parte del agua, pues el grueso poblacional y las tierras de cultivo estaban fijadas en esa zona.

Fue a partir de la segunda década del siglo XX cuando se precisó de las aguas del barranco de Erque para el riego de las fincas situadas en la zona baja y lomada de La Dama, aguas que nunca habían tenido.

Lo acontecido no adquirió la importancia, dimensión temporal, ni complejidad del caso de la comarca de Playa de Santiago, debido que el grado de antropización de la cuenca no era tan intenso. Por consiguiente, cuando los grandes propietarios quisieron emplear el agua de la zona alta para el riego de sus fincas en la costa, no tuvieron que enredarse en continuos litigios con los usuarios tradicionales. En la medida que los núcleos de población estaban desglosados en dos sectores bien diferenciados (cabecera y costa), y con escasa presencia humana en el tramo medio, la estrategia de derivar el agua desde las medianías a las lomadas costeras fue más sencilla y menos costosa para los promotores, puesto que se eximieron de precisar negociaciones con esos usuarios.

Los primeros datos que manejamos sobre el proceso de apropiación del agua en el barranco de Erque se remontan al segundo decenio del siglo XX, cuando los entonces propietarios de la hacienda de La Dama, el cacique de Agulo Leoncio Bento y su socio Ángel Carrillo, emprendieron la realización de un canal para transportar el agua de ese barranco hasta dicha finca. 

La autoridad que imprimía en aquellos tiempos la figura de Leoncio Bento no tenía parangón en la isla. Era el cacique por excelencia, y esto le permitía obrar tomándose muchas licencias. Tal es así, que se permitió la osadía de realizar primero la obra y, posteriormente, solicitar la concesión para explotar las aguas. Ésta le fue otorgada el 30 de junio de 1913 y le facultaba para aprovechar hasta 90 L/s de las aguas que nacían en los barrancos de Erque y Erquito, con destino al riego de sus fincas en la lomada de La Dama

Con la infraestructura terminada y la burocracia superada, pusieron en marcha la producción intensiva de los terrenos con nuevos cultivos de orientación exportadora. Pero toda esa inversión endeudó al propietario, que en aquellos momentos sólo era Ángel Carrillo, teniendo que vender la finca al Bank British West Africa Limited. Posteriormente la adquirió Elder Dempster y Compañía Limitada, y en 1941 se desprendió de ella traspasándola a José Duque Martínez, el último titular de la secuencia y el que mantuvo la mayor parte de los litigios con los usuarios tradicionales por las tomas de agua.

En los pagos de la zona se vivía de la combinación entre la agricultura de regadío, la de secano y la ganadería. Se trataba de un modelo de autosubsistencia, y el sistema de riego se basaba en prácticas consuetudinarias, siguiendo un riguroso turno desde la parte alta del barranco, donde estaban los nacientes, hasta las fincas más alejadas ladera abajo. Pero la introducción de los nuevos cultivos rompió el equilibrio tradicional del riego y empezó a generar inconvenientes donde antes no los había.

Con el auge que tomaron los cultivos de exportación, al finalizar la II Guerra Mundial, la necesidad de emplear más agua hizo que estallaran algunos conflictos con los propietarios que tenían sus fincas en el barranco y que se abastecían de los escurres de Erque y Erquito. 

“A finales de los años cuarenta se les vino de nuevo a quitar el agua. Se les prohibió seguir regando hasta tanto no firmarán una nueva distribución del agua que iba a beneficiar a la finca de La Dama. Y se enviaron a cuatro guardias civiles al mando de un sargento. Una mujer salió con su azada a iniciar el turno, la guardia civil fue a detenerla. Un guardia civil dijo: «me dan ganas de pegarle un tiro a esa mujer», pero el sargento le dijo que tuviera cuidado con lo que decía y señaló a su alrededor: todos los guardias civiles estaban rodeados por los habitantes del caserío armados con asadas y lanzas de pastor. Se fueron, pero a raíz de ello hubo varios detenidos que fueron llevados a San Sebastián. Allí todos los días les daban comida los habitantes del caserío.” (MARTÍN, 2004, pp. 54-55).

Esto coincidía con un momento de agitaciones relacionadas con el agua en La Gomera. (1948, Valle Gran Rey). Los pequeños propietarios de las fincas de El Huerto ampliaron el tiempo de riego por entender que la canalización había mermado el caudal que venían empleando regularmente.

Para poner orden al alboroto generado, el Ayuntamiento de Vallehermoso creó una comisión integrada por el alcalde y otros miembros de la corporación, tratando de buscar una salida amistosa al problema. Pero la intención no tuvo resultado. Los vecinos se mantenían en su empeño de hacer prevalecer el riego que les pertenecía según la costumbre, por lo que nuevamente intervino la Guardia Civil para “encauzar” el asunto.

De la solución final no tenemos constancia documental, pero suponemos que la decisión “salomónica” sonrió a Duque Martínez.

Los propósitos de la gran propiedad fueron respaldados en detrimento de los pequeños campesinos, los mismos que una década después salieron en desbandada de la isla. La prevalencia de los cultivos de exportación en La Dama generó el hundimiento de la agricultura de autoconsumo en la zona. Y sin llegar a conseguir una privatización legal del agua, de facto lo lograron, fijando las condiciones en el uso al resto de agricultores.

Notas

[1] Este capítulo sintetiza un complejo y dilatado proceso que se encuentra desarrollado en el capítulo 7 del libro Causas y consecuencias del atraso socioeconómico de La Gomera contemporánea (1900-1980), citado más abajo, en la bibliografía. 

[2] Si bien esta privatización no responde a un hecho estrictamente jurídico, sí lo es, al menos, en un sentido práctico. Cierto es que esos latifundistas no llegaron a poseer el agua en plena propiedad y, por tanto, no podían venderla ni comercializar con ella. Ahora bien, en algunos casos no respetaron los usos y derechos preexistentes de los que disfrutaban los campesinos minifundistas de la zona. Más bien, los perjudicaron de una forma manifiesta.

Algunos investigadores han dejado constancia de la privatización del agua pública por medio de las concesiones a partir de la aparición de la ley de 1879. En este sentido se manifestaron autores como MACÍAS HERNÁNDEZ, A. M. y OJEDA CABRERA (1989): «Acerca de la Revolución burguesa y su reforma agraria: la desamortización del agua», Anuario de Estudios Atlántico, 35: 217-261; o NIETO GARCÍA, A (1969): «Heredamientos y comunidades de aguas en el siglo XIX» en Estudios de derecho administrativo especial canario (Heredamientos y comunidades de agua) III (Curso 1967-68), Santa Cruz de Tenerife: 95-147; entre otros. Fue la misma estrategia (las concesiones para el aprovechamiento de las aguas públicas sobrantes) que se empleó en varios valles del Sur de La Gomera para llevar adelante este proceso de privatización del que hablamos.

Bibliografía

• JEREZ DARIAS, L. M. (2017). Causas y consecuencias del atraso socioeconómico de La Gomera contemporánea (1900-1980). Tenerife: Densura.
• JEREZ, L.M y MARTÍN MARTÍN, V.O. (2018). La cuestión del agua en La Gomera: síntesis de un proceso de expropiación al campesinado (1900-1950). Historia Agraria, 74. pp. 135-166.
• MARTÍN MARTÍN, V. O. (2004). Orone: Las posibilidades de gestión de los espacios naturales protegidos a través del turismo. S/C de Tenerife: Idea

Autores: Luis M. Jerez Darias (geógrafo) y Miguel Ángel Hernández Méndez (docente).

Centro de Estudios e Investigaciones Oroja (CEIO).

Se invita a participar en el CEIO a cualquier persona interesada en el estudio, conocimiento y divulgación de los temas que tratamos. 

Serán tod@s bienvenid@s.