Capítulo 5: Las luchas por el agua
En La Gomera, el uso y aprovechamiento del agua sufrió un proceso de expropiación desde comienzos del siglo XX. Un proceso que no fue pacífico ni confortable para la gran propiedad, y posteriormente para las administraciones públicas. En varios lugares de la isla el pequeño campesinado se levantó en heroicas luchas. Nos centraremos aquí en las acaecidas en Guadá, La Laja y Taguluche.
La lucha en Valle Gran Rey: la heroicidad de los campesinos de Guadá [1]
El conflicto por la gestión del agua que mana del risco y los manantiales de Guadá arranca a finales del siglo XIX con diversas denuncias entre regantes. En 1928 vuelve a reactivarse con la pretensión de crear una comunidad de regantes. Esa tensión creada entre agroexportadores y pequeños propietarios del Valle Alto se aplaca provisionalmente con la visita del Gobernador Civil en octubre de 1929, que preside una reunión entre las comisiones de ambas zonas y propone unas bases para lograr un acuerdo en la gestión del agua de riego. En la propuesta se introducían una serie de apartados que iban ligados a los intereses de los agroexportadores que, de esta manera, pretendían dejarlo todo bien atado a sus objetivos.
Por un lado, se encontraba el marco legal terrateniente y, por otro, el derecho consuetudinario del agua, empleado y gestionado por el pequeño campesinado y sus policultivos de autoconsumo (papas, batatas, millo, ñames…). El convenio no terminó de convencer a una mayoría de regantes de la zona alta porque eran sabedores que lo recogido en el mismo suponía la antesala a un cambio en el sistema de riego, que conduciría a la pérdida de sus derechos adquiridos por los «usos y costumbres». Así que, siguieron organizando el riego mediante el sistema tradicional: la dula. La semilla del conflicto estaba sembrada.
Durante el período de la República la situación permaneció sin cambios, y sería a partir de la finalización de la Guerra Civil, con un régimen político favorable a sus intereses, tanto a nivel nacional como local, cuando la oligarquía de Valle Gran Rey se atreva a llevar a cabo lo que no habían podido hasta esa fecha: alterar unilateralmente el sistema tradicional de riego en 1941, usurpando dos horas a los pequeños propietarios del valle alto, con el objetivo de obtener agua para el riego de los nuevos terrenos que se habían puesto en explotación, en la plataforma costera, dedicados predominante al cultivo de exportación, la platanera. Un cultivo entonces en expansión y que demanda grandes aportes hídricos.
El rechazo al cambio de los usos y costumbres de riego y la resistencia de los vecinos del valle alto provocó que se tomasen medidas coercitivas, sobre todo con la imposición de multas y detenciones.
Esta latente tensión social estalla el 13 de junio de 1947 cuando los regantes de las aguas del Risco de Guadá se distribuyen por las diferentes acequias impidiendo que el agua fuera para el valle bajo hasta que las sombras no llegasen a las marchas tradicionales. Las semanas siguientes son de gran tensión: se concentra la guardia civil en el pueblo, se dan palizas, arrestos, tiroteos. En las acequias se producen sabotajes para acusar de los mismos a los regantes de la zona alta. Se nombran comisiones de ambas zonas y se mantienen reuniones pero sin llegar a alcanzar ningún acuerdo. A instancias del Gobernador Civil llega a Valle Gran Rey un ingeniero de Obras Públicas para elaborar un Informe con una propuesta de solución.
En agosto la situación la situación se complica más aún. El día 9, los vecinos se concentran en torno a las acequias, sobre todo mujeres y niños, para impedir el paso del agua hasta las horas convenidas, siendo conminados por la Guardia Civil a que cesaran en su actitud y se disuelvan. Para ello, incluso llegan a hacer un disparo al aire. Las mujeres, inquebrantables, permanecían y solo, lentamente, se iban yendo con el objetivo de trasladarse a otros lugares de la acequia donde, nuevamente, cortaban el agua. Tras los hechos, vecinos de Guadá fueron detenidos y trasladados a la prisión de San Sebastián, mientras que seis de ellos, los considerados cabecillas, son enviados a la prisión provincial de Tenerife.
A partir de los sucesos de agosto, los pasos que se habían dado: el cambio en la alcaldía, la toma del mando por parte del Delegado del Gobierno y la puesta en libertad de los presos gubernativos, con motivo de la consagración del nuevo obispo, Domingo Pérez Cáceres, parecían haber aportado elementos de distensión al conflicto. Sin embargo, se trataba de una tensa calma social, donde los elementos de fricción permanecían latentes y se manifestaron en los meses siguientes: a principios de septiembre se volvieron a presentar denuncias contra regantes del valle alto por discrepancias por el riego; el 30 de este mismo mes un numeroso grupo de vecinos presenta una denuncia contra el que había sido alcalde Alfredo Horas de la Vega; se vuelve a instar al cumplimiento de la disposición Dirección General de Obras Hidráulicas sobre el aprovechamiento de las aguas públicas del Risco de Guadá; y se produce la impugnación de los regantes de la zona alta a la disposición dictada por la Jefatura de Obras Públicas en materia de riegos.
El año 1948 es conocido como el «El año de la seca». En marzo estamos en antesala de la tragedia. La alcaldía convoca una reunión de regantes de la zona baja el día 8 de marzo en donde deciden constituir la comunidad de regantes de la zona baja de Valle Gran Rey e iniciar los trámites para redacción de las ordenanzas y reglamentos.
Mientras tanto, los regantes de la zona alta constituyen una Sociedad Civil de Riegos, también con la finalidad de administrar las aguas de los manantiales del Risco de Guadá. Y toman la resolución de que a partir del 1 de abril comenzarán el corte de aguas de riego hacia la zona baja, hasta las marcas tradicionales.
Por su parte, desde los poderes municipales se toma partido por la zona baja, informando al Delegado del Gobierno que los regantes de la zona alta están en un estado de desacato y rebeldía. Ante esta situación el 26 de marzo se concentra en Valle Gran Rey el Sargento Comandante de la Guardia Civil de San Sebastián con cinco números. La tragedia está lista.
El 31 de marzo de 1948 va a convertirse en una jornada trágica, cuando la Guardia Civil tirotea, por dos ocasiones, a una multitud de vecinos concentrados en el Lomo del Moral, que según versión del cuerpo armado, les tiraban piedras. El tiroteo deja como resultado una mujer muerta y otras tres heridas. La fallecida fue Ruperta Cruz Chinea, de 62 años, vecina de Lomo del Moral.
A raíz de estos trágicos sucesos y con la mediación del obispo Domingo Pérez Cáceres, el Gobernador toma las riendas del conflicto, propone una tregua, se crean comisiones en ambas zonas y envía un técnico para ayudar en la mediación. El 22 de abril se consigue el acuerdo de todas las partes y se constituye, de modo provisional, la comunidad de regantes de las zonas alta y baja de Valle Gran Rey, que entraría en vigor definitivamente el 21 de junio de ese año y que reconoce a los vecinos de Guadá sus derechos tradicionales sobre el riego.
La tenacidad de los campesinos de La Laja
La Laja da nombre a un barranco y núcleo poblacional que se localiza en el mismo. Este barranco es uno de los afluentes que conforman la cuenca del barranco de San Sebastián o de La Villa. Es muy rico en aguas provenientes de varios manantiales (Vica de Ojila, El Manco y Las Gavetas), y desde el año 1741 se reguló su uso por medio de un adulamiento que posteriormente fue modificado en 1820.
El sistema tradicional comenzó a sufrir cambios a partir de la construcción de la presa de “Charco Tapado” en la segunda mitad de los treinta, aunque, entonces, no afectó a La Laja, ya que ese punto se localizaba más abajo, en la confluencia de los barrancos de La Laja y Aguajilva. Pero en el año 1946 el Cabildo Insular realizó varias obras para tomar agua de la fuente de “Las Gavetas”, construyendo un depósito para almacenar las aguas de consumo humano. Esas aguas eran las que venían usando los vecinos de La Laja para sus riegos, por lo que en un principio se opusieron, pero al ver que la cantidad de agua que se iba a tomar era poca, desistieron en su oposición. Este hecho causó preocupación aunque ningún incidente. Fue a finales de enero de 1962 cuando esa inquietud tomó carácter agresivo por las obras que pretendía llevar adelante el Cabildo para tomar las aguas de la “Vica de Ojila” y del “barranco del Manco”, con objeto de aprovecharlas para el abastecimiento público de la capital.
Al parecer, el día 30 de enero se produjeron algunos altercados en La Laja cuando varios obreros se encontraban tratando de medir el caudal de las aguas. Al enterarse los vecinos de su presencia, se reunieron y se dirigieron al lugar para paralizar las obras, pero los operarios se marcharon antes de su llegada.
El 22 de junio se reunió el alcalde pedáneo con todos los propietarios de La Laja para solicitar su conformidad a la toma de agua en “La Vica de Ojila”, a la que se opusieron todos. Como medida, el alcalde comunicó a la Guardia Civil que prestasen vigilancia en la zona para mantener el orden. Y así fue. El 29 de junio se personó un servicio de vigilancia en La Laja, en las inmediaciones del “Risco de Ojila”. A las pocas horas de empezar los trabajos, el Cabo solicitó apoyo, ya que el vecindario se había reunido en el lugar conocido por “Roque Alto” de La Laja, intentando marchar hacia la parte alta con la intención de paralizar las obras. Fue entonces cuando el Cabo de la Guardia Civil dio varios disparos al aire para detener la marcha, en la que también participaban mujeres y niños.
Durante la movilización también se sucedieron algunos enfrentamientos entre varios vecinos, cuando aquellos que no se querían unir a la movilización fueron agredidos por otros que formaban parte de ella. Posteriormente la Guardia Civil detuvo a los “instigadores” de la protesta, todos ellos agricultores, lo que movilizó más a la gente del barrio, la cual organizó una colecta popular con el fin de nombrar a varios de ellos como interlocutores con el Gobierno Civil de la Provincia. Los vecinos de La Laja acudieron a los tribunales pero, al parecer, no fructificó. El eco de las protestas llegó hasta Venezuela, desde donde gomeros indignados enviaron un escrito posicionándose en contra de las obras para captar el agua, criticando duramente la labor de las autoridades locales y, sobre todo, de la Guardia Civil.
Ante la constancia inquebrantable que mostraban los vecinos de La Laja, los organismos públicos se apresuraron a buscar una salida al problema. El 14 de julio de 1962, el Gobernador Civil de la Provincia sugirió al Cabildo y al Ayuntamiento de San Sebastián que construyesen en la zona un embalse con capacidad suficiente para garantizar el riego a los agricultores y que la obra fuese simultánea a la de captación de agua de la fuente de “La Vica”. Diez días después se efectuó una reunión en la Delegación del Gobierno en la isla, en la que participaron el Delegado del Gobierno, el Alcalde de San Sebastián, el Presidente del Cabildo y más de cuarenta vecinos del barrio de La Laja para darles al conocer la propuesta. Los vecinos aceptaron las condiciones, pero, exigieron, por un lado, que el embalse a construir fuese mayor al propuesto y, por otro, que se construyese una pista desde el final del camino vecinal de Lomo Fragoso hasta dicho barrio (unos 3 km), al igual que el tendido de una línea telefónica para que fueran sacados de su “secular aislamiento”. También que se desdoblase la escuela mixta existente en dos unitarias, una para cada sexo.
La defensa del agua de Taguluche: “Esta agua es mía”
Taguluche es un valle situado al Oeste de La Gomera, perteneciente al municipio de Valle Gran Rey. La dula era su sistema de riego tradicional, aunque en 1941 se había creado la “Comunidad de Regantes El Porvenir”, no significó una alteración significativa el riego de la huerta tradicional de autoconsumo y de las fincas de tomates.
En febrero de 1998 los vecinos de Taguluche tuvieron conocimiento por medio de la prensa que el Ayuntamiento de Valle Gran Rey estaba promoviendo un proyecto para implantar en Taguluche una planta de envasado de agua, proveniente de los manantiales de “Mona”, “El Choquete” y “Las Tederas”, situados al pie del “Lomo del Carretón”, por ser éstos los de mayor caudal.
El agua se captaría en la boca de los manantiales y se conduciría a una nave industrial por medio de tuberías que discurrían por todo el espacio natural protegido, lo que afectaría a las fincas del valle, así como al palmeral y todas las especies vegetales que se abastecían de estas aguas.
Esto movilizó a los vecinos y propietarios para organizarse e impedir que se ejecutara el proyecto. Idearon dos estrategias para enfrentarlo. Por un lado, se aferraron a su derecho de propiedad sobre esas aguas, argumentando que de construirse la embotelladora las perderían, y así el riego de sus fincas. Y, por otro lado, atacaron el proyecto por la vía ambiental.
Desde el Ayuntamiento de Valle Gran Rey hicieron oídos sordos a las demandas de aquellos (el viejo caciquismo rejuvenecido al fresco del sistema político nacido en 1978 no estaba para diálogos).
Los propietarios de Taguluche afirmaban que el agua proveniente de los nacientes no eran propiedad del Ayuntamiento, que se apresuró en establecer un “Convenio de canje de agua” con doce propietarios de dulas. Consistía en cambiar agua de su propiedad (que almacenaban en un depósito y obtenían del pozo de “Los Granados”) con la de las dulas, que eran de calidad para envasar. Con esas aguas canjeadas, la corporación municipal se garantizaba el derecho para destinarlas al envasado en la embotelladora.
Apelando al “interés social” y la “utilidad pública” la Dirección General de Industria y Energía declaró de “interés social” (la pública no) la planta embotelladora el 25 de junio de 1998. Era un trámite necesario para que la embotelladora pudiera ser construida en suelo rústico.
Los vecinos siguieron con las alegaciones al proyecto, para ello contrataron los servicios técnicos que elaborase un informe de impacto ambiental de las instalaciones. Fue, entonces, cuando se comenzaron a mostrar las incongruencias y errores sistemáticos que llevaba implícitos el proyecto.
Interpusieron un contencioso administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), contra la resolución de aquella Dirección de conceder el Interés Social al proyecto, y que dejaba sin mención la Utilidad Pública la cual también solicitaban los promotores. La plataforma respondió interponiendo otro contencioso administrativo en el TSJC, además, de ampliar los contactos con multitud de especialistas, movimientos ecologistas, sociales y prensa. Además decidieron acudir a las instancias europeas.
A comienzos de 2003 el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) denegó el carácter de “interés social” al proyecto, alegando que la única finalidad que perseguían el Ayuntamiento y la futura empresa concesionaria era la económica. Finalmente, en febrero de 2009 el conflicto del agua en Taguluche llegó a su fin. El Tribunal Supremo dio carpetazo al asunto a través de una sentencia firme que daba la razón a los vecinos de Taguluche.
Notas
[1] Este episodio ya ha sido abordado en detalle en el artículo: Valle Gran Rey: La Guerra del Agua (https://www.gomeranoticias.com/2020/06/12/valle-gran-rey-la-guerra-del-agua/)
Bibliografía:
- JEREZ DARIAS, L. M. (2017). Causas y consecuencias del atraso socioeconómico de La Gomera contemporánea (1900-1980). Tenerife: Densura.
- JEREZ, L.M y MARTÍN MARTÍN, V.O. (2018). La cuestión del agua en La Gomera: síntesis de un proceso de expropiación al campesinado (1900-1950). Historia Agraria, 74. Abril 2018, pp. 135-166.
Autores: Luis M. Jerez Darias (geógrafo) y Miguel Ángel Hernández Méndez (químico).
Centro de Estudios e Investigaciones Oroja (CEIO).
