La educación ante la pandemia: libros no, tablets sí

Todos los partidos políticos coinciden ahora en pedir que se distribuyan dispositivos tecnológicos para luchar contra la brecha digital. Agrupación Socialista Gomera (ASG) propone en el Parlamento de Canarias lo que votó en contra hace 5 años en el Cabildo de La Gomera.

Todos los partidos políticos coinciden ahora en pedir que se distribuyan dispositivos tecnológicos para luchar contra la brecha digital

Agrupación Socialista Gomera (ASG) propone en el Parlamento de Canarias lo que votó en contra hace 5 años en el Cabildo de La Gomera

El pasado 13 de abril, el ejecutivo regional publicó en su portal de noticias que «la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias distribuirá 4.309 tabletas con conexión a Internet entre los centros de enseñanza de las islas con destino a alumnado sin recursos, de distintos niveles educativos». «El reparto se realizará en dos fases, la primera, de 1.309 dispositivos, comenzará hoy lunes, 13 de abril, y la segunda (de las unidades restantes) a partir de la próxima semana», aseguraba entonces el departamento.

La consejera de Educación, María José Guerra, indicaba que el objetivo de estas medidas es «facilitar la continuidad de la atención pedagógica de todas y todos los estudiantes, eliminando las desigualdades que existen entre el alumnado en relación al acceso a redes y equipamiento informático; es decir, reducir la brecha digital.»

La brecha digital en las islas es una realidad, tal como se desprende del Informe sobre la sociedad de la información en Canarias 2018, publicado por el Observatorio Canario de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (OCSI) el año pasado. El informe señala que la disponibilidad de equipamiento de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los hogares en Canarias es en general inferior a la media nacional, excepto para televisión y telefonía fija.

Según el documento, en 2018 en las islas el 86,4% de los hogares tenía acceso a la red mientras que la media en España era un punto superior y la media de la Unión Europea casi dos puntos y medio. No obstante, en 2017 la diferencia fue mucho mayor, dos puntos menos con respecto a la media de acceso a internet de los hogares en España y seis menos con respecto a la media de los países de la Unión Europea.

Gráfico del Informe sobre la sociedad de la información en Canarias 2018

Ante esta realidad, el periódico La Provincia publicaba ayer cómo la Confederación de Federaciones de Asociaciones de Padres y Madres de Canarias (ConfapaCanarias) ha alertado de las repercusiones que puede tener el retraso de la tramitación y sobre todo el cobro de salarios por parte de los trabajadores afectados por ERTE, algo que según la organización podría agravar la brecha digital y, en las condiciones actuales del confinamiento, generar además una brecha educativa.

En términos generales, la población canaria, según el estudio del OCSI, presentaba en 2018 un menor nivel de habilidades digitales que la media de España. El informe también apreciaba una diferencia según nivel de ingresos, ya que solo el 59,4% de las personas con menos de 900 euros al mes había utilizado internet al menos una vez por semana en los tres últimos meses, mientras que esta cifra ascendía al 96,3% en el caso de las personas con ingresos superiores a los 2.500 euros al mes.

Esta tendencia resulta preocupante si tenemos en cuenta los datos sobre pobreza y exclusión social del archipiélago y particularmente los de La Gomera. Tal como señala la Encuesta de Ingresos y Condiciones de Vida de los hogares canarios 2018, a pesar del incremento en el ingreso medio por trabajo que ha pasado de 875,48 euros en el 2001 a 1.127,20 euros en el 2018, el porcentaje de población bajo el umbral de la pobreza relativa en La Gomera ha aumentado del 16,90% en 2001 al 28,62% en 2018.

Gráfico de Encuesta de Ingresos y Condiciones de Vida de los hogares canarios 2018

Hace unos días, los sindicatos Comisiones Obreras (CC.OO.) y la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (ANPE) también solicitaron la aclaración de las instrucciones de la consejera de Educación ya publicadas, y pidieron que en los próximos encuentros programados se priorizara la seguridad del alumnado y los trabajadores de centros educativos, se establecieran medidas de apoyo al profesorado y al alumnado que no dispongan de los recursos necesarios para afrontar la educación a distancia y se limitara el teletrabajo, ya que según los mismos se está produciendo la desregulación de las jornadas laborales del profesorado. Los sindicatos también pidieron la regulación de procesos pendientes como la selección de directoras, la entrega de memorias o las pruebas de acceso, la aprobación de la oferta pública de empleo en el sector docente de 2020, la planificación de las plantillas para el próximo curso, o la publicación de propuestas para prevenir nuevos rebrotes del virus.

En La Gomera ahora sí, antes no

Los consejeros del Grupo Mixto del Cabildo de La Gomera, Rubén Martínez y Ada García, registraron en la mañana de ayer una moción a favor de dotar a los centros educativos de la isla que lo soliciten de dispositivos tecnológicos en sustitución de la subvención a los libros de texto que destina habitualmente la institución insular.

Pocas horas después, Agrupación Socialista Gomera (ASG) publicaba en su perfil oficial de la red social Facebook que la diputada de la formación política en el Parlamento de Canarias, Melodie Mendoza, pedía «que se garantice al alumnado canario la dotación de equipos informáticos y de acceso a internet para que puedan acceder en igualdad de condiciones a los contenidos educativos». La diputada de ASG señalaba este viernes 24 de abril que “han sido muchos los alumnos que no han podido seguir sus clases por distintos problemas, problemas que han ido surgiendo y que se están trabajando para darle la mejor solución posible, como, por ejemplo, la falta de equipos o de conexión a internet, un aspecto que se está solventando con el reparto de dispositivos, ya que Canarias, según el informe PISA es la comunidad autónoma, después de Murcia, con más alumnos sin ordenador”.

Mendoza también planteó la posibilidad de habilitar “zonas dotadas de buena conexión y que los alumnos se pudiesen desplazar, con las medidas de protección necesarias, para así buscar alguna solución que permita a estos estudiantes llevar al día sus clases”, así como intensificar las tutorías para quienes no hayan podido seguir correctamente la actividad lectiva.

Sin embargo, en la nota de prensa remitida ayer, los consejeros ecosocialistas recordaban «que una moción en similares términos, cuyo acuerdo hubiese servido de gran ayuda en este confinamiento al alumnado gomero, fue rechazada en la anterior legislatura por los votos en contra de ASG, formación liderada por Casimiro Curbelo, a pesar de tener el voto favorable del resto de formaciones presentes en el pleno.»

Una moción presentada por Martínez a mediados del año 2015 en la que, en palabras del consejero, “se hacía eco de la demanda de algunos centros educativos de La Gomera dirigida a la modificación en la política de subvenciones de libros textos”, permitiendo que aquellos centros que así lo decidieran en sus órganos de coordinación pedagógica pudieran destinar parte de dicha subvención a dispositivos tecnológicos. Esta iniciativa, como recordaron, fue rechazada en el Pleno del Cabildo Insular únicamente por los votos de ASG, incluido el de su actual diputada Melodie Mendoza, que por aquel entonces era consejera delegada de Economía y Hacienda en la institución, además de formar parte de la Comisión de Educación y Universidades del Parlamento de Canarias en la anterior legislatura.

El argumento que esgrimió ASG en el pleno celebrado el 18 de septiembre de 2015 fue que había presentado una enmienda transaccional a la moción registrada por Sí se puede, que el consejero proponente no aceptó. En la enmienda, ASG planteaba que la institución insular solicitara al gobierno canario que asumiera ese gasto, al considerarlo el presidente gomero una “competencia impropia” que ya se cubría con fondos propios del Cabildo para los libros de texto, y proponía que primero se desarrollara en “centros pilotos”.

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