¿Es posible que una actividad tan cotidiana y aparentemente inofensiva como las clases particulares pueda perjudicar la función igualadora del Sistema Educativo? Parece de sentido común que determinados perfiles de alumnado necesitan en alguna ocasión esta forma de empujoncito extraescolar para salir adelante… pero si bien es cierto que (casi) todo estudiante que paga por estas clases lo necesita, no podemos asegurar que todo estudiante que necesita dichas clases pueda acceder a ellas.
Porque en una sociedad de clases, estudiantado y familias no son bloques homogéneos. Y menos aún cuando han sufrido dos crisis de alcance global en poco más de diez años que han ensanchado la brecha de la desigualdad social hasta límites asfixiantes. En Canarias, por ejemplo, donde el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social (tasa AROPE) ascendió al 36,3% en 2020, lo que más preocupa a esa tercera parte de la población canaria es satisfacer necesidades vitales básicas entre las cuales obviamente no se encuentra la demanda de clases particulares.
El Centro de Políticas Económicas EsadeEcPol publicó hace unos días un estudio pormenorizado acerca del impacto del sector de las clases particulares en España. Una de las estadísticas más relevantes fue aquella que mostraba que el gasto en clases particulares de los hogares con mayor presupuesto era cinco veces mayor que en los hogares de menor presupuesto. Es triste constatar que, aunque las necesidades de apoyo académico extraescolar afectan a alumnado de todos los estratos socioeconómicos, sólo aquellos que pertenecen a familias con mayor nivel de renta tendrán más oportunidades de disfrutar de apoyo extraescolar.
Existen iniciativas desde el sector público que tratan de paliar las necesidades de refuerzo del alumnado más vulnerable, desde el ámbito estatal (plan PROA) hasta el local (colaboraciones con entidades del entorno). Sin embargo, aunque necesarias, distan aún de ser suficientes. Desde nuestra experiencia docente vivimos con amargura cómo las plazas de refuerzo que nos ofertan no cubren ni de lejos a todo el alumnado que lo necesita.
Y donde lo público no llega, la gente tiene que buscar soluciones privadas. El sector de las clases particulares se triplicó entre 2006 y 2017, casi al mismo tiempo que el alcance y la calidad de la educación pública se veía reducido por las políticas de recortes de la década pasada. No se trata solo de que las familias accedan de forma desigual al sector de las clases particulares con los problemas de equidad que ello conlleva: al mismo tiempo, implica un proceso de privatización encubierta, ya que obliga a las familias a recurrir a un servicio privado que crece a costa de un sector público menguado en cantidad y calidad por las políticas neoliberales. Pero hablemos de alternativas.
El modelo de clases particulares debería ser reemplazado por el de refuerzo educativo, que es un concepto mucho más amplio y que aborda, de una manera integral, las necesidades socioeducativas mediante el refuerzo escolar pero también mediante el deporte, música, teatro, el ocio educativo… y cuyo fin último no es solventar provisionalmente casuísticas individuales, sino contribuir a la supresión de barreras. Esto supone trabajar no solo las habilidades de aprendizaje sino también las personales y sociales. Desarrollándose en horario lectivo, no lectivo y extraescolar. Es por eso que las propuestas de mejora incumben a varios ámbitos: administración, centros educativos y comunidad escolar.
A la administración educativa le corresponde disminuir la segregación; no permitiendo que se creen centros “gueto” en los que se concentre un porcentaje elevado de alumnado vulnerable. Como medida de equidad se debería dotar de más recursos económicos y educativos a los centros situados en zonas deprimidas social, económica o culturalmente, o en zonas con una alta dispersión de la población. Reforzar la atención a la diversidad y la atención individualizada dentro del horario lectivo debería ser otra medida preventiva que intente evitar la necesidad de clases particulares.
Por otro parte, la administración debe impulsar cambios en las estructuras organizativas de los centros, que incluyan también la gestión de las instalaciones, facilitando, por ejemplo, su apertura en horario no lectivo, optimizando el uso de los recursos públicos, que en muchas ocasiones son los únicos disponibles en una zona.
A los centros educativos les toca promover el debate en los claustros sobre la implementación de metodologías que logren mejorar los resultados escolares. Debemos enseñar de tal manera que el alumnado no necesite apoyo externo, no podemos hacer descansar dicha responsabilidad en las familias, ya que no todas tienen los mismos recursos y aumentaría la desigualdad educativa.
Las comunidades educativas deben de abandonar el papel de ser meros sujetos pasivos y promover iniciativas comunitarias que propicien el aprendizaje cooperativo, que es el que logra un efecto multiplicador en las intervenciones pedagógicas. Un aprendizaje entre iguales en entornos amables que impliquen a alumnado, familias y docentes. Por ejemplo, abriendo la biblioteca escolar en horario no lectivo con la tutorización voluntaria de miembros de la comunidad educativa, que se fueran rotando y donde se pusiera a disposición recursos digitales.
En definitiva, frente a las políticas educativas de “sálvese quien pueda” que solo consiguen perpetuar las desigualdades sociales de origen, como docentes tenemos la firme convicción en que las alternativas hay que construirlas desde lo comunitario, entendiendo que las y los estudiantes tienen capacidades, potenciales y contextos socioculturales diferentes. En nuestras manos está gestionar dichas trayectorias educativas desde la óptica de la equidad o desde la “mano invisible” del mercado.
