El ecopostureo, también llamado ecoblanqueo o lavado verde (este último término procedente del término anglosajón greenwashing), es una forma de propaganda en la que se realiza marketing verde de manera engañosa para promover la percepción de que los objetivos o políticas de una organización son respetuosos con el medio ambiente con el fin de conseguir un beneficio económico, aceptación ciudadana, popularidad, etcétera. [1]

El uso del ecopostureo ha aumentado principalmente en los últimos años como mecanismo para satisfacer las crecientes exigencias y preocupación ambiental de los ciudadanos, que buscan productos y servicios respetuosos con la naturaleza y el medioambiente.

Este malestar y preocupación por la crisis ambiental aumenta cada día, sobre todo entre los más jóvenes. Según un estudio global encargado por La Organización Mundial de La Conservación, “el interés y la preocupación de las personas por la naturaleza aumentó un 16% tan sólo entre 2016 y 2020”.

En Canarias cada vez hay más personas preocupadas por el destino de nuestras islas que exigen más acciones para proteger nuestro entorno y salvar el territorio de la sobreexplotación. Como ejemplos, las recientes protestas en contra de Dreamland en Fuerteventura, el macroproyecto del puertito de Adeje (proyecto que ha sido temporalmente paralizado por amenaza inminente de daño ambiental y para la protección del patrimonio cultural), el macropuerto de Fonsalía (también paralizado por poner en riesgo la Zona de Especial Conservación -ZEC-) o el hotel de La Tejita, entre otros.[2][3]

La mayoría de estos proyectos se ha paralizado por la presión ciudadana y los crecientes movimientos sociales, que han puesto en jaque a gobiernos y empresarios (algunos incluso se presentaban como ecológicos y sostenibles, transmitiendo un rotundo NO al hormigón), exigiendo a las instituciones un cambio de rumbo hacia la sostenibilidad real, la mitigación del cambio climático y la diversificación de la economía.

En La Gomera también hay casos de pequeños focos de protesta social, uno de ellos en el barrio capitalino de El Calvario, al que se unieron cientos de ciudadanos en apoyo de la conservación de un laurel casi centenario, que iba a ser talado para la construcción de una carretera. [4] Tras las protestas y la presión ciudadana, el gobierno regional tuvo que rectificar y añadir una plazoleta al proyecto, propuesta por los vecinos, para la conservación del laurel. [5]

Los movimientos ciudadanos y el activismo ambiental han aumentado en Canarias significativamente debido también a la acelerada destrucción del territorio en las últimas décadas, que se ha multiplicado por cuatro, generando una degradación del 12% de la superficie costera canaria. [6]

Asimismo, el despilfarro en obras públicas ha dado lugar a alguna de las mayores pifias urbanísticas y medioambientales de las últimas décadas, marcadas por obras sobrevaloradas y de dudosa utilidad y por la priorización inadecuada de inversiones que no responden a criterios de rentabilidad social exigibles, generando un reguero de hormigón y construcciones infrautilizadas y abandonadas en toda la geografía canaria. Ejemplos en La Gomera son La Casa de La Miel de Abeja en Las Rosas (en la que nunca se ha llegado a producir miel de abeja), los centros de Artesanía de Valle Gran Rey y Vallehermoso (ambos cerrados), El Centro de Talasoterapia de Hermigua (abierto durante una semana para su inauguración), El Centro de Visitantes de San Sebastián (infrautilizado), El Jardín Botánico de Vallehermoso (cerrado), El Mirador de El Santo (cerrado), La Estación de guaguas de Alajeró (cerrada), La Quesería insular (cerrada), El Edificio para la explotación ganadera del cochino negro canario en Valle Gran Rey (cerrado y construido en una zona de especial conservación), etcétera. [7]

Inversiones privadas en el sector hotelero y subvenciones millonarias del erario público que ahora se tiñen de verde.

Referencias